Agua y Aceite

01/06/2021 - 08:31:13 hs.

Proyectan suspender ejecuciones e impuestos para monotributistas, comerciantes y Pymes bonaerenses

 Los senadores provinciales Lucrecia Egger y Lucas Fiorini presentaron en la Legislatura un proyecto de ley con el objetivo de reducir el impacto económico a consecuencia de las restricciones por la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus en monotributistas, comerciantes y titulares de pequeñas y medianas empresas (PyME). La normativa propuesta se enfoca en dar márgenes de viabilidad efectiva y real para la recuperación post pandemia, brindando tiempo para afrontar las exigibilidades que surgen de la fuerte caída de actividad que genera el escenario presente.

 “Es necesario encontrar medidas para que, una vez superadas las dificultades sanitarias, los actores socioeconómicos pequeños y medianos, que son mayoría, puedan encontrarse en condiciones de volver a ser el motor productivo y económico para salir de la recesión económica. Buscamos brindar herramientas que permitan el sostenimiento de las personas y empresas que, de no adoptarse apoyo estatal y suspensión de ejecuciones, sucumbirán a corto o mediano plazo por no contar con tiempo de recuperación sin ser ahogados por la difícil situación heredada por el parate de la pandemia", refieren los legisladores. 

La norma declara la emergencia económica para el referido sector por 360 días, suspendiendo ejecuciones judiciales y extrajudiciales en inmuebles y muebles destinados a la producción, aunque estuviesen gravados por hipotecas o prendas.

También suspende, por el plazo de la emergencia, las ejecuciones de sentencias de cualquier tipo que recayeren sobre bienes inmuebles, mercaderías, materias primas y maquinarias afectados a la prestación de servicios o al desarrollo productivo y la promoción de juicios de cobro de pesos. El proyecto aclara que sus disposiciones no serán aplicables a créditos por alimentos, los derivados de la responsabilidad por la comisión de delitos penales y los laborales.

El proyecto prevé asimismo eximir del pago total o parcial del impuesto inmobiliario y automotor.

"Alrededor de un 80% de las empresas del país han solicitado acceder a los diversos programas de ayuda que ha articulado el gobierno nacional, pero frente a la extensión del aislamiento y distanciamiento esta ayuda no resulta suficiente, porque si bien soluciona parte del problema evitando la generación de nuevos pasivos, no resuelve el problema que tanto profesionales liberales, comerciantes y PyME tienen respecto de sus ingresos", fundamentan los legisladores.

La senadora Egger expresó que "es evidente que las consecuencias que trae aparejada la pandemia son un claro caso de fuerza mayor que impide a los deudores hacer frente a sus obligaciones en forma regular, siendo imperativo regular una moratoria generalizada, que impida la exigencia de pago y las consecuencias de la mora. Resulta por ejemplo inconcebible el devengamiento de intereses de todo tipo durante el tiempo que perdure la situación excepcional y la ejecución judicial de aquellas deudas originadas durante la pandemia".

De aprobarse la ley podrán acceder al beneficio las actividades económicas afectadas en forma crítica en la zona donde se desarrollan; cuando la cantidad de trabajadores contagiados por el Covid o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar supere el 30%; hasta un 50% de reducción en su actividad, cuando pese sobre la misma restricción total o parcial para desarrollarla o hasta un 50% de reducción en sus ventas.

Se encuentran excluidos de los beneficios referidos los monotributistas y titulares de PyME cuya actividad y servicio hayan sido declarados esenciales. Tampoco podrán acceder a la emergencia las empresas que no exterioricen indicios concretos de una disminución representativa de su actividad.

"La pandemia y las medidas de confinamiento impuestas importan entonces circunstancias imprevisibles e inevitables que causan un deterioro económico generalizado frente al cual se proponen los siguientes remedios paliativos a adoptar por el término de 360 días. Es urgente establecer normas de emergencia que resten exigibilidad de las obligaciones, con plazos ciertos de duración, con la previsión de su posible prórroga en caso de mantenerse las situaciones que imposibiliten el normal funcionamiento de la economía", concluyeron los legisladores.

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°. Declárese en emergencia económica a los monotributistas y a los titulares de pequeñas y medianas empresas (PyME), afectados por la restricción de circulación establecida por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N 334/21, como consecuencia de la pandemia COVID 19, por el término de trescientos sesenta (360) días, a partir de la sanción de la presente Ley.

Artículo 2°. Los sujetos alcanzados por la presente Ley podrán acogerse a los beneficios en ella estipulados en la medida en que revistan en forma indistinta cualquiera de las siguientes circunstancias:

1.- Actividades económicas afectadas en forma crítica en la zona donde se desarrollan;

2- Cuando la cantidad de trabajadores y trabajadoras contagiadas por el COVID 19 o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID 19, supere el 30%;

3.- Hasta un 50% de reducción en su actividad, cuando pese sobre la misma restricción total o parcial para desarrollarla;

4. Hasta un 50% de reducción en sus ventas, a raíz de la emergencia suscitada por el COVID-19.

Artículo 3°. Sujetos excluidos Se encuentran excluidos de los beneficios los monotributistas y titulares de pequeñas y medianas empresas (PyME) cuya actividad y servicio hayan sido declarados esenciales en la emergencia sanitaria y cuyo personal fuere exceptuado del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, conforme las prescripciones del artículo 6° del Decreto N° 297/20 y de la Decisión Administrativa N°429/20 y sus siguientes y concordantes prórrogas.

Se encuentran también excluidas las empresas que no exterioricen indicios concretos que permitan inferir una disminución representativa de su nivel de actividad.

Artículo 4. Suspensión de ejecuciones sobre inmuebles destinados a la producción. Se suspende, por el plazo de emergencia del art. 1,  el inicio o continuación de las ejecuciones, judiciales o extrajudiciales, en las que se pretenda el remate de inmuebles asiento del giro comercial de empresas destinadas a la prestación de servicios, comercio y/o industria, aunque estuvieran gravados con derecho real de hipoteca.

Artículo 5°. Suspensión de ejecuciones de bienes muebles destinados a la producción. Se suspende, por el plazo de emergencia del art. 1, el inicio o continuación de las ejecuciones, judiciales o extrajudiciales, que recaigan sobre mercaderías, materias primas y maquinarias que se encuentren destinados a la prestación de servicios, comercio y/o industria, aunque estuvieran gravadas con derecho real de prenda.

Artículo 6°. Suspensión de ejecución de sentencias. Se suspende, por el plazo de emergencia del art. 1, la ejecución de sentencias de cualquier tipo, que recayeren sobre bienes inmuebles, mercaderías, materias primas y maquinarias afectados a la prestación de servicios y/o al desarrollo productivo de la empresa.

Artículo 7°. Se suspende, por el plazo de emergencia del art. 1, la promoción de juicios de cobro de pesos, respecto de los sujetos comprendidos en la presente Ley.

Artículo 8°: Se exceptúa de la suspensión dispuesta por los arts. 5, 6 y 7 de la presente ley a los créditos por alimentos, los derivados de la responsabilidad por la comisión de delitos penales y los laborales

Artículo 9°. Se exime del pago total o parcial del impuesto inmobiliario y automotor, según determine la Autoridad de Aplicación, a través de la reglamentación pertinente, a los sujetos comprendidos en la presente, conforme las medidas de restricción hayan impactado en su actividad.

Artículo 10°. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de Aplicación de la presente ley.

Artículo 11. Se faculta al Poder Ejecutivo a efectuar adecuaciones presupuestarias, a los fines del cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 12. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de Ley se presenta inmerso en un marco de crisis económica por el que atraviesa el país, reflejada y reconocida en la Ley 27.541 y de la Emergencia Sanitaria decretada en la República Argentina a razón de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al COVID-19, cuya propagación a nivel mundial resulta de público conocimiento.

En ese contexto y con el fin de salvaguardar la salud de los argentinos el Presidente de la Nación, dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, ampliando la emergencia pública en materia sanitaria determinada por la Ley 27.541 y, ante el agravamiento de la situación epidemiológica, el 20 de marzo del 2020 dictó el DNU N° 297/20, iniciándose el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, hasta el 31 de marzo de 2020, luego prorrogado por sucesivos y concordantes decretos hasta la fecha el referido DNU N° 334/21 .Esto ha traído aparejado, que un gran sector de bonaerenses se encuentren durante mas de catorce meses con su fuente de trabajo inactiva, base del sustento familiar, lo cual hace necesario encontrar medidas que permitan preservar a los distintos actores de la economía para que, una vez superadas las dificultades sanitarias, los mismos puedan encontrarse en condiciones de ser el motor que emerja a la Argentina de la situación de recesión en que hoy se encuentra.

El conflicto social y económico que estas medidas de aislamiento y distanciamiento social provocan no solo se superará con el levantamiento de tales restricciones, sino que, ante la debacle general de la economía, se advierte como punto fundamental el sostenimiento de los puestos de trabajo asegurando así la percepción por parte de los trabajadores de un salario suficiente para evitar que estos queden marginados del sistema.

En forma paralela se requieren medidas para el sostenimiento de las empresas en crisis, toda vez que su reactivación será esencial en el duro y azaroso desafío que importará poner en marcha nuevamente la actividad productiva.

Lo que se busca por el presente proyecto es brindar ciertas herramientas estatales que permitan el sostenimiento de las personas y empresas que en el juego de la libre acción de los derechos y obligaciones actual necesariamente sucumbirán a corto plazo.

Alrededor de un 80% de las empresas del país han solicitado acceder a los diversos programas de ayuda que ha articulado gobierno nacional, pero frente a la extensión del aislamiento y distanciamiento, esta ayuda (eximición de contribuciones patronales, ampliación del REPRO, refuerzo en seguro de desempleo, préstamos con tasas preferenciales, suspensión del cierre de cuentas bancarios, suspensión en el corte de servicios por falta de pago, etc.) no resulta suficiente. Porque, si bien, soluciona parte del problema (evitando la generación de nuevos pasivos) no resuelve el problema que tanto profesionales liberales, comerciantes, y PyME tienen respecto de sus ingresos.

Tampoco a la fecha se ha previsto como es que se reanudará la actividad de los emprendimientos que requieren de una inyección de capital para volver a producir, dado que múltiples sectores verán afectada su capacidad de generar ingresos una vez finalizado este periodo.

A modo de ejemplo podemos resaltar a los sectores empresarios vinculados a la gastronomía, turismo y espectáculos, los cuales quedaran gravemente afectados por las medidas de prevención y austeridad que la sociedad en general adoptara. Es evidente que las consecuencias que trae aparejada la pandemia importan un claro caso de fuerza mayor que impide a los deudores hacer frente a sus obligaciones en forma regular, siendo imperativo regular una moratoria generalizada, que impida la exigencia de pago y las consecuencias de la mora.

Es así por ejemplo inconcebible el devengamiento de intereses de todo tipo durante el tiempo que perdure la situación excepcional y la ejecución judicial de aquellas deudas originadas durante la pandemia.

La pandemia y las medidas de confinamiento impuestas importan entonces circunstancias imprevisibles e inevitables que causan un deterioro económico generalizado frente al cual se proponen los siguientes remedios paliativos a adoptar por el término de trescientos sesenta (360) días

Por lo tanto es urgente establecer normas de emergencia que resten exigibilidad de las obligaciones, con plazos ciertos de duración, con la previsión de su posible prórroga en caso de mantenerse las situaciones que imposibiliten el normal funcionamiento de la economía.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto el presente proyecto.

Fuente: Prensa Senadores Juntos x el Cambio